Tras el rastro de las mafias de los hidrocarburos: 500 millones defraudados

Cuatro juzgados de la Audiencia Nacional rastrean el dinero sustraído por el impago del IVA.

Hace 10 años la Unión Europea dio luz verde a la liberalización del mercado de los hidrocarburos. Cuatro años después, en 2013, España aprobó una ley para adaptarse a la nueva regulación comunitaria y permitir la distribución y comercialización al por menor de productos derivados del petróleo, autorizando la entrada de pequeñas empresas y rompiendo el monopolio de las multinacionales.

Desde entonces, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desmantelado ocho organizaciones criminales dedicadas a defraudar dinero a Hacienda eludiendo el pago del IVA. En total, 510 millones de euros defraudados, de los que 484 millones están siendo rastreados por cuatro de los seis Juzgados Centrales de Instrucción que posee la Audiencia Nacional.

Delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, delitos contra la libre competencia y contra los consumidores. «Delitos complejos», como los define un comandante del Grupo de Delitos Económicos de la UCO, que reconoce que los Gobiernos de turno siguen sin hacer «nada para frenar esto». «Hay traficantes de droga que invierten dinero en estas tramas. Son organizaciones que tienen muchos medios», destaca este agente, responsable de las investigaciones.

«Puede que Repsol o Cepsa vendan producto a estas organizaciones que defraudan, pero ni siquiera lo saben», advierte este comandante, alertando de que «es una manera de meter dinero en España para lavarlo».

LOS CASOS MÁS RELEVANTES

Apenas tres años después de que Europa autorizara la liberalización de este mercado -incluso antes de que España aprobara la ley-, la UCO, en una actuación coordinada con la Agencia Tributaria, asestó el que ha sido el primer gran golpe a las mafias que estafan con los carburantes. El 16 de julio de 2012, agentes de la Guardia Civil detuvieron a 30 personas tras realizar 23 registros en domicilios y empresas e intervenir bienes valorados en 55 millones. La operación se bautizó con el nombre de Bashnya y destapó un fraude de 120 millones de euros. Es el primero caso contra las mafias de los hidrocarburos que llegó a la Audiencia Nacional, al Juzgado Central de Instrucción 4, dirigido entonces por el magistrado Fernando Andreu. Hoy, es el juez José Luis Calama el instructor de esta causa.

Ni siquiera se cumplió un año de esta operación cuando la UCO volvió a desmantelar otra trama que llegó a defraudar a Hacienda más de 100 millones por el impago del IVA. Es la llamada operación Walkers (2013), en la que fueron detenidas 17 personas y se localizó un millón de euros en efectivo listo más ser enviado a Hong Kong. Los investigadores consideran a este país, junto a Suiza, Singapur y Emiratos Árabes, los destinos del dinero para ser blanqueado.

Esta causa, bautizada como caso Petromiralles, sigue instruyéndose en el Juzgado Central de Instrucción 6, tras haber pasado ya también por dos magistrados instructores –Eloy Velasco y Manuel García Castellón-. La Fiscalía Anticorrupción lo califica en su última memoria de actividades correspondiente a 2019 como uno de los casos más «relevantes y complejos» de investigar.

En los últimos cinco años, otros seis nuevos entramados fueron desarticulados por la UCO y la Agencia Tributaria, destapando una media de uno cada año. Cuatro están siendo investigados por la Audiencia Nacional y los otros dos están instruidos en juzgados territoriales. En 2014 y 2015 se desmantelaron dos organizaciones que llegaron a defraudar 25 millones. Se trata de las operaciones Nehar y Zelote, respectivamente. La primera de ellas sigue en el Juzgado Central de Instrucción 3, bajo la dirección de la magistrada María Tardón. Esta operación supuso la detención de 106 personas y la intervención de bienes por más de 50 millones de euros.

En 2016 se ejecutó la operación Reata, instruida en Sevilla y que destapó un fraude de 11 millones. A finales de ese mismo año, se llevó a cabo la operación Burlao, en coordinación con la dependencia de la Agencia Tributaria en Valencia, Eurojust y Europol. Fueron detenidas 26 personas, algunas de ellas en Portugal e Italia. Se descubrió un fraude de 25 millones de euros. El juez José de la Mata, titular del Juzgado Central de Instrucción 5, es instructor de esta investigación.

Las dos últimas tramas se desarticularon en 2019 en el marco de las operaciones Drake y Nigra. Entre ambas se defraudaron 150 millones, llegando a considerarse el mayor golpe jamás asestado a la delincuencia organizada asociada al sector de los hidrocarburos. Las investigaciones corren a cargo de los juzgados centrales 4 y 6, respectivamente. Las mafias siguen actuando y «nada» las frena.

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